Casi una cuarta parte de la población italiana (23,1%) vive en riesgo de pobreza o exclusión social, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística de Italia (ISTAT) del 2024. Más de 13,5 millones de personas enfrentan dificultades económicas, mientras los ingresos reales caen por segundo año consecutivo debido a una inflación del 5,9%. Las regiones del noreste y centro del país registran las mayores pérdidas de poder adquisitivo, con descensos de hasta el 4,6%.

El gobierno italiano no logra revertir la crisis social: 2,7 millones de personas sufren privación material grave, sin capacidad para cubrir necesidades básicas como alimentación o vivienda. Aunque las ayudas temporales, como el cheque universal por hijos, aliviaron parcialmente la pobreza en 2023, la falta de políticas estructurales profundiza las desigualdades, especialmente en el sur del país, donde el 39% de la población sigue en riesgo.

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A partir de los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística (ISTAT), el ente exige un giro urgente, en lugar de recortes o medidas paliativas, se necesitan programas sociales permanentes que garanticen empleo estable, salarios dignos y control de precios. Apuntan que, se debe impulsar un modelo que priorice la redistribución de la riqueza, pues el mercado, sin intervención estatal, amplía el déficit social y condena a millones a la precariedad.

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